Celso Jaque elevó un pedido contra Otilio Romano, uno de los integrantes de la Cámara Federal que ratificó un fallo contra la reforma K. Es acusado, junto a otro juez, de amparar crímenes de lesa humanidad.

Mendoza – El gobierno de Mendoza denuncia al juez que traba la ley de medios

Lo acusa de nada menos que amparar crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura como torturas, vejaciones y violaciones.

Según informa el sitio de noticias MDZOnline y como consta en la denuncia presentada, el Ejecutivo provincial avanzó contra Otilio Roque Romano, uno de los tres camaristas que mantiene congelada la ley de Servicios Audiovisuales, y contra uno de sus pares en la Cámara, Luis Francisco Miret.

“Con su accionar –dice la denuncia-, habrían formado parte de la organización criminal que tuvo como finalidad la comisión de actos delictivos que son crímenes contra la humanidad, ya que mediante la omisión de las funciones que correspondían a sus cargos no investigaron la comisión los delitos de lesa humanidad que se estaban denunciando”.

La denuncia fue presentada por el ministro de Gobierno mendocino, Mario Adaro. Tiene origen en el informe del periodista Horacio Verbitsky publicado en Página/12, donde se afirma que existe \»una complicidad de esos jueces con las torturas, las violaciones y los saqueos de bienes durante la Triple A y la dictadura militar\».

Se produce a pocos días de que Jaque participe de una reunión con el resto de los gobernadores K en la Quinta de Olivos, donde los mandatarios fueron recibidos por la presidenta, Cristina Kirchner, y su marido, Néstor Kirchner.

En el texto apuntan a la omisión, tanto de Romano –entonces procurador- como de Miret –entonces juez-, en varios expedientes judiciales que pasaron por sus manos en los nefastos años setenta. La lista de denuncias es larga.

En la mayoría los acusan de hacer oídos sordos a las apreciaciones de los abogados de muchos detenidos, quienes advertían abusos, vejaciones, violaciones, golpizas, robos, incomunicación y otras atrocidades, tanto en cárceles como en las comisarías donde eran demorados.

Entre esos casos, aparece también la posible “plantación” de pruebas a una menor, detenida en agosto de 1975 –en el fulgor de la Triple A-, acusada de poseer material “subversivo”.

La tensión entre Romano y el Gobierno tiene otro capítulo. Además de haber frenado la Ley de Medios y de esta presentación que exige investigar su labor en la Justicia durante la última dictadura militar, el magistrado ya había denunciado antes presiones de organismos de Derechos Humanos para que permita la aplicación de la nueva norma de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El gobierno de Mendoza denuncia al juez que traba la ley de medios

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